Creo que esta nueva sección puede dar mucho de sí. Empezamos con una de las leyes más arbitrarias jamás promulgadas por un gobierno, la ley de costas. A grandes rasgos, la susodicha ley pretende la protección del entorno costero. Una de las peculiaridades de dicha ley es que tiene carácter retroactivo, esto es, ilegaliza construcciones que son anteriores a la propia ley y que por tanto, eran legales.
Hasta aquí, casi nada que objetar. Ejemplarizantes son los casos de Guardamar y Tenerife, donde se derribaron -o se van a derribar- viviendas con más de medio siglo que se construyeron al lado del mar. Casualmente, dichas viviendas pertenecían a familias con pocos o ningún recursos.
Ahora bien, leo en el periódico del 1 de abril que el gobierno ha decidido que dos torres de 22 pisos que se están construyendo justo al borde del mar -es decir, ni siquiera hablamos de viviendas en las que están habitando familias, como en el caso anterior- no se van a expropiar "por el bien común" (transcribo literalmente). Y me pregunto yo ¿el bien común de quién? ¿es que las familias de Guardamar y Tenerife no merecen que se preserve su bien? ¿Por qué seguimos teniendo ciudadanos de primera y de segunda en este país? Estaría bien que, ya que disponemos de un ministerio única y exclusivamente dedicado a la Igualdad, se preocupara de que todos los ciudadanos fuéramos iguales ante las leyes, y no como ahora.
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